NOTA DE TAPA N.º 514 / RESISTIENDO EL APAGÓN CULTURAL

La perspectiva propuesta es de tierra arrasada

 

Ley ómnibus: Draconiano ajuste al sector cultural

Dracón, un legislador de Atenas, castigaba con la muerte a las personas aunque sus delitos fueran menores. De su nombre surge el término draconiano que -muy usado en el ámbito judicial- también refiere a la severidad de decisiones gubernativas como lo es la ley ómnibus del presidente Javier Milei que propone un verdadero apagón cultural. El paquete de reformas se presentó el miércoles en el Congreso Nacional y de imponerse implica un radical ajuste a la cultura con el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA), y el desfinanciamiento del cine (INCAA), la música (INAMU) y de las bibliotecas populares (CONABIP).

 

Un verdadero apagón cultural propone la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei que el miércoles se presentó en el Congreso Nacional. De imponerse, el paquete de reformas implica un radical ajuste a la cultura nacional con el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA), y el desfinanciamiento del cine (INCAA), la música (INAMU) y de las bibliotecas populares (CONABIP).

 
La propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), sancionada en 1997 con el impulso del formoseño Ramón Tigre Giménez, entre otros legisladores, implica la extinción progresiva de la actividad, especialmente del circuito independiente. El INT organiza concursos, certámenes, muestras y festivales, otorga subsidios y becas a grupos, salas, artistas y eventos y estimula la conservación y creación de espacios, entre otras cosas.

 

La representante regional y provincial del Instituto Nacional del Teatro, Graciela Galeano y teatristas locales participaron el miércoles 27 de diciembre de 2023 en la manifestación en la plaza San Martín en contra del DNU y la ley ómnibus.

 

 

A su vez, el cierre del FNA dejaría a músicos, plásticos, cineastas, actores, fotógrafos, escritores, bailarines, artesanos, arquitectos, diseñadores de todo el país sin un espacio de promoción -a través de becas, préstamos o premios- para el desarrollo y creación de obras. En sus 63 años de historia, Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Leonardo Favio, Alejandra Pizarnik, Ricardo Piglia, Josefina Robirosa y Martín Kohan, fueron algunos de los artistas que formaron parte de los proyectos del Fondo.

El proyecto de ley desfinancia el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) al quitar fondos específicos de la producción cinematográfica como el 25% que ingresa por ENACOM (impuestos a TV y servicios de Cable) y el 10% de impuesto por venta o alquiler de videogramas. Los fondos dejan de ser asignados en forma directa y pasan a evaluación del Presupuesto Nacional (artículo 564). Por otro lado, las salas no deberán cumplir con cuotas de pantalla para films nacionales y hay reformas en la estructura y el funcionamiento del Instituto. Además, deja de sostener la ENERC, Escuela Pública de Cine que depende del INCAA con sedes en todo el país (artículo 565) lo cual plantea su cierre. Sólo podrán producir quienes tengan un capital, o sea grandes productoras y así sería la muerte del cine nacional e independiente (artículo 568) en favor de las plataformas multinacionales y grandes productoras.

 

También elimina fondos de financiamiento del Instituto Nacional de la Música y pasa a depender del presupuesto nacional. El INAMU, un ente público no estatal, se transformaría en un programa de la Secretaría de Cultura, desapareciendo la asamblea federal -conformada por representantes gubernamentales de Cultura de las provincias-, dando potestad para las decisiones al Estado Nacional. Además, se elimina del artículo 31 de la Ley N° 26.801, que exige participación de bandas nacionales en shows internacionales.

La ley ómnibus avanza también sobre el mundo de la lectura y deroga la Ley del Libro, que es modelo en la región y establece el precio único de venta al público para las publicaciones, una medida que impactará directamente en la industria editorial, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes.

 

Propicia el desfinanciamiento y/o cierre de las 2.000 bibliotecas populares del país, en las cuales trabajan unos 30.000 voluntarios (según el informe difundido en 2022 por Unidxs por la Cultura). Las instituciones sólo tendrían como beneficios los subsidios que a tal fin defina el Congreso Nacional en su presupuesto. El Estado ya no se hará cargo de procurar personal capacitado, instalaciones ni equipamiento técnico para las bibliotecas (artículo 591), no brindará exenciones impositivas ni ayudas para el pago de los servicios ni fondos de fomento. Además ya no habrá representantes de las provincias en la dirección ante la CONABIP y ésta será integrada por sólo siete personas elegidas por el PEN. (artículo 598).

De aprobarse, el paquete de reformas destruye todas las políticas públicas para la cultura, motivo por el cual asociaciones y colectivos de artistas, comunicadores y trabajadores de todo el país llaman a organizar la resistencia, salir a las calles -como ya lo hicieron el miércoles- y exigir a los sindicatos medidas de lucha y un paro general en defensa de la cultura nacional.